La justicia argentina vivió hoy un hito histórico. En la tarde del 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de la Nación confirmó por unanimidad la condena por corrupción contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, dejándola firme. El fallo ratifica la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la líder peronista en 2022, al encontrarla coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Además, se ordenó el decomiso de aproximadamente $84.000 millones de pesos, monto que equivale al perjuicio determinado y que deberá ser reintegrado a las arcas del Estado. Con esta decisión, Kirchner se convierte en la segunda ex jefa de Estado condenada en democracia –tras Carlos Menem– y enfrenta por primera vez una sentencia de cumplimiento efectivo.
Condena firme, detención inminente y decomiso millonario
La resolución del máximo tribunal tuvo un inmediato impacto procesal: al quedar firme la condena, el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) –que llevó adelante el juicio Vialidad– intimó a Cristina Kirchner a presentarse en los tribunales de Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles para efectivizar su detención. El mismo plazo aplica para los otros ocho condenados en la causa, entre ellos el empresario Lázaro Báez (seis años de prisión) y el ex secretario de Obras Públicas José López (seis años), ambos piezas centrales del esquema investigado. Una vez que Kirchner se presente ante la justicia, comenzará formalmente el cumplimiento de su pena.
No obstante, es poco probable que la exmandataria de 72 años vaya a una cárcel común. Dada su edad avanzada (superior a 70 años) y disposiciones legales vigentes, se estima que el TOF 2 le concederá el beneficio del arresto domiciliario para purgar la condena. De este modo, Cristina Kirchner cumpliría prisión en su residencia, bajo monitoreo, evitando la cárcel efectiva. A la hora de cierre de esta nota, la dirigente no había sido detenida: permanece en libertad a la espera de definiciones sobre su entrega voluntaria, mientras sus seguidores se movilizan en señal de apoyo.
En paralelo, el fallo de la Corte consolidó las sanciones económicas del caso. La sentencia –originalmente dictada por el TOF 2 en diciembre de 2022– incluye el decomiso de unos $84.000 millones de pesos, cifra que representa el dinero estatal defraudado mediante la maniobra de direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Ese monto deberá ser recuperado para el Estado una vez que queden firmes los aspectos patrimoniales de la condena. En la práctica, esto implica que se avanzará sobre los bienes y activos de los condenados (ya sean propiedades, fondos o participaciones societarias) hasta cubrir la suma estipulada, buscando resarcir el daño al erario público. El mayor peso de este decomiso recaería sobre las empresas y bienes de Lázaro Báez, señalado como principal beneficiario de los contratos viales irregulares, aunque la obligación es solidaria entre todos los involucrados. Es la primera vez que una sentencia contra Cristina Kirchner trae aparejada una orden de devolución monetaria de tal magnitud, añadiendo un componente reparatorio inédito al fallo penal.
La causa Vialidad: fraude en la obra pública y condena histórica
La causa conocida como “Vialidad” investigó un esquema de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según determinó la Justicia, a través de 51 licitaciones amañadas se orquestó “una extraordinaria maniobra fraudulenta” para favorecer al empresario Lázaro Báez –estrecho allegado al kirchnerismo– con la mayoría de los contratos de obra pública en esa provincia. Las empresas de Báez (principalmente Austral Construcciones S.A.) fueron beneficiadas sin competencia real, con presupuestos abultados y plazos incumplidos. Muchas de las obras quedaron inconclusas o presentaron sobrecostos, configurando un perjuicio multimillonario al Estado.
En este contexto, Cristina Fernández de Kirchner fue acusada de ser partícipe y beneficiaria política de la defraudación, en su calidad de máxima autoridad del Ejecutivo durante la ejecución de las obras. Tras años de investigación, el caso llegó a juicio oral en 2019. El proceso avanzó con alto perfil: en 2022, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron acusaciones contundentes y solicitaron duras penas, a lo que la entonces vicepresidenta respondió públicamente denunciando una persecución judicial. Finalmente, el 6 de diciembre de 2022 el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida al hallarla culpable de administración fraudulenta agravada como coautora, aunque la absolvió del cargo de asociación ilícita por el que también se la había acusado. En esa misma sentencia se condenó a Báez, López y otros exfuncionarios de Vialidad Nacional y provincial a penas de entre 3 y 6 años de cárcel, mientras que fueron absueltos el exministro Julio De Vido y otros acusados secundarios. El fallo de primera instancia quedó en suspenso a la espera de apelaciones.
Tras la condena inicial, la defensa de Kirchner apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal, denunciando supuestas arbitrariedades y parcialidad, mientras que la fiscalía también recurrió en busca de una condena por asociación ilícita. En noviembre de 2024, la Sala IV de Casación confirmó la condena por fraude pero rechazó agravarla por asociación ilícita, manteniendo así las penas originales. Quedó así ratificada la responsabilidad de Cristina Kirchner en el direccionamiento corrupto de la obra pública, a la vez que se convalidó la absolución en el delito de asociación ilícita (por 2 votos contra 1, con el juez Gustavo Hornos en disidencia). Luego de esa instancia, únicamente restaba la revisión de la Corte Suprema, que se concretó hoy con el rechazo al recurso extraordinario de la exmandataria y la declaración de cosa juzgada en el caso Vialidad.
Cronología de las causas judiciales que rodean a Cristina Kirchner
El periplo judicial de Cristina Fernández de Kirchner no se limita a la causa Vialidad. Desde el fin de su mandato en 2015, múltiples investigaciones por corrupción y otros delitos se han abierto en su contra, marcando la agenda política y mediática de la última década. A continuación, un repaso cronológico de los principales hitos y procesos judiciales que llevaron a la situación actual:
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2016: Tras dejar la Presidencia, comienzan a avanzar causas por presunta corrupción durante su gobierno. Entre las primeras estuvo la investigación por la venta de dólar futuro en 2015 –una operatoria del Banco Central en el final de su gestión–, por la que CFK fue procesada junto a su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. También en 2016 se reactivó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el Memorándum con Irán (un acuerdo firmado en 2013), y se iniciaron las pesquisas por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, luego denominada causa Vialidad.
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2018: Estalla el escándalo de los “Cuadernos de las coimas”. En agosto de ese año salen a la luz ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer de un exfuncionario, que detallaban supuestos pagos de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios kirchneristas. La revelación derivó en una megacausa que involucró a decenas de imputados. Cristina Kirchner –entonces senadora– fue procesada como jefa de una asociación ilícita dedicada a recaudar coimas de contratistas del Estado, junto a exfuncionarios (Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, entre otros) y prominentes hombres de negocios (como Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona). El juez Claudio Bonadio elevó la causa a juicio, afirmando que los Kirchner organizaron un sistema sistemático de sobornos y rechazando que se tratara de “lawfare”. Este expediente –el de mayor volumen probatorio– fue dividido en tramos para su enjuiciamiento.
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2019: En mayo se inició el juicio oral de la causa Vialidad en los tribunales federales. Cristina Kirchner, ya convertida en candidata a vicepresidenta en fórmula con Alberto Fernández, debió sentarse en el banquillo por primera vez. Paralelamente, avanzaban los preparativos para el juicio de los Cuadernos y continuaban abiertas otras investigaciones. En octubre, el kirchnerismo regresa al poder con la fórmula Fernández-Fernández, otorgándole a CFK la protección de los fueros como vicepresidenta, lo que en los hechos le aseguraba no ir presa preventivamente pese a sus procesamientos.
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2020-2021: Durante el gobierno de Alberto Fernández (con Cristina como vice), algunas causas dieron giros favorables a la exmandataria. En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 5 sorprendió al sobreseer de forma anticipada a CFK, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y demás imputados en la causa “Hotesur–Los Sauces”, que investigaba presunto lavado de dinero a través de negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner. Los jueces de TOF 5, por mayoría, consideraron que no había delito que juzgar antes siquiera de iniciar el debate oral. Asimismo, en octubre de 2021, otro tribunal oral (TOF 8) había cerrado la causa “Memorándum con Irán” al dictar el sobreseimiento de Cristina y los demás acusados, declarando la "inexistencia de delito" en el pacto firmado con Teherán. Estas decisiones evitaron momentáneamente que ambas causas emblemáticas (la de los hoteles de la familia Kirchner y la del presunto encubrimiento del atentado a la AMIA) llegaran a juicio oral, generando fuerte polémica y acusaciones de impunidad por parte de la oposición.
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2022: El 6 de diciembre, Cristina Kirchner es condenada en la causa Vialidad a 6 años de cárcel e inhabilitación, en un veredicto histórico que provocó celebraciones y protestas. Tras escuchar la sentencia, la entonces vicepresidenta anunció públicamente que no sería candidata a nada en 2023, denunciando ser víctima de una proscripción. Pocos días después, el 22 de diciembre de 2022, un hombre fue condenado en un juicio abreviado por intento de magnicidio contra Cristina: se trató de Fernando Sabag Montiel, quien en septiembre había gatillado un arma a centímetros de la cabeza de la exmandataria en un confuso episodio, situación que exacerbó la tensión política en torno a su figura.
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2023: Con el cambio de gobierno en el horizonte, la Cámara de Casación revirtió los sobreseimientos que habían favorecido a Kirchner. En septiembre de 2023, la Sala I de Casación revocó la decisión de TOF 5 y ordenó reabrir la causa Hotesur-Los Sauces, enviándola a juicio oral por los cargos de lavado de activos, asociación ilícita y recepción de dádivas. Del mismo modo, Casación reabrió la causa Memorándum con Irán, disponiendo que Cristina y los demás acusados sean finalmente juzgados por presunto encubrimiento agravado del ataque a la AMIA. Kirchner intentó frenar ambos reveses presentando recursos ante la Corte Suprema, que quedaron pendientes. En paralelo, la campaña electoral 2023 tomó calor: sin Cristina en las boletas, el peronismo perdió las elecciones presidenciales frente al líder libertario Javier Milei, marcando el fin del ciclo kirchnerista en el poder. El 10 de diciembre de 2023, Kirchner dejó la Vicepresidencia y con ello sus fueros e inmunidad judicial, quedando expuesta a eventuales detenciones si sus condenas se confirmaban.
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2024: Durante el primer año del gobierno de Milei, continuó el avance de los frentes judiciales. En diciembre de 2024, la Corte Suprema emitió varias decisiones clave: por un lado, dejó firme el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Dólar Futuro, al desestimar el planteo de la fiscalía y confirmar que no hubo perjuicio al Estado en aquellas operaciones financieras. Pero a la vez, el máximo tribunal rechazó los recursos de queja de CFK en los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum, habilitando que ambos juicios orales se realicen conforme había ordenado Casación. De ese modo, a fines de 2024 el escenario quedó preparado: Cristina Kirchner mantenía abiertos tres juicios pendientes en el horizonte (Cuadernos, Hotesur-Los Sauces, Memorándum) y aguardaba la definición final de la Corte en su única condena hasta entonces, la de Vialidad.
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2025: El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dejándola con una condena firme a prisión. La noticia provocó inmediatas reacciones políticas (desde celebraciones de opositores hasta denuncias de “proscripción” por parte del kirchnerismo) y abrió interrogantes sobre la inminente detención de la exmandataria. En paralelo, los demás procesos avanzan: el megajuicio de los Cuadernos ya tiene fecha de inicio fijada para el 6 de noviembre de 2025, según dispuso el TOF 7, con más de 600 testigos citados y la expectativa de develar la trama completa de sobornos en la obra pública. A su vez, la causa Hotesur-Los Sauces fue reactivada: en abril de 2025, el tribunal oral N.º 5 ordenó nuevas pericias contables sobre las empresas familiares Kirchner, preparando el camino para un juicio que aún no tiene fecha. Lo mismo ocurre con el caso Memorándum con Irán, pendiente de programación de juicio tras la habilitación dada por la Corte; allí, Cristina deberá responder por la denuncia de encubrimiento del atentado a la AMIA, junto a exfuncionarios y militantes aliados.
Análisis político: impacto, reacciones y la estrategia de Cristina
El fallo que confirma la condena de Cristina Kirchner tiene profundas implicancias políticas. Por un lado, remueve de la escena electoral a la figura más influyente del peronismo en las últimas dos décadas, alterando el tablero de cara a las próximas elecciones. Kirchner planeaba competir en 2025 por un cargo legislativo provincial, buscando fuero político, pero la inhabilitación perpetua ahora le cierra la puerta a cualquier candidatura. Su ausencia forzada redefine el liderazgo del espacio opositor peronista y deja huérfana a buena parte de su base militante. Como lo describió la prensa, este desenlace es un “terremoto político” que rompe el tablero electoral: la vicepresidenta (2007-2015) y dos veces presidenta (2007-2015) queda fuera de juego y deberá replegarse de la arena pública.
Fiel a su estilo combativo, Cristina Kirchner reaccionó denunciando ser víctima de “lawfare” –persecución judicial y mediática– y arremetió contra los jueces y el gobierno actuales. En un acto realizado la víspera del fallo, rodeada de la cúpula del PJ, lanzó duras acusaciones: tildó a los miembros de la Corte de “triunvirato de impresentables” que obedecen órdenes del “poder económico concentrado”, y desafió que “estar presa es un certificado de dignidad personal y política”. La exmandataria se mostró desafiante incluso frente al presidente Javier Milei, afirmando: “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor. No hay solución para el país con esta política”. Sus palabras buscan politizar la sentencia, presentándola como un ensañamiento del poder económico y de sus adversarios ideológicos más que como el resultado de un proceso judicial justo.
Del lado del oficialismo libertario y de la oposición tradicional (Juntos por el Cambio), la noticia fue recibida con satisfacción. Dirigentes antikirchneristas destacaron que “por fin hay Justicia” y celebraron que “nadie está por encima de la ley”, considerando la condena como un paso contra la impunidad. Incluso empresarios de peso, como Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre), manifestaron públicamente su aprobación por el fallo. En cambio, las filas kirchneristas denunciaron una proscripción. Referentes del peronismo señalaron que se busca eliminar a Cristina de la política mediante sentencias judiciales, comparando su situación con la proscripción de Juan Domingo Perón tras el golpe de 1955. “Esto es un golpe a la democracia que tiene nombre propio”, advirtió Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, reflejando el sentir del sector K. La propia Cristina agitó esa bandera en su discurso, llamando a la militancia a movilizarse en defensa propia frente a su proscripción y recordando que “el pueblo siempre regresa” a pesar de los intentos de proscribir líderes populares.
Ahora, con 72 años y un panorama judicial adverso, la estrategia de Kirchner se vuelca a dar la batalla en otros terrenos. Sus abogados ya anunciaron que llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de denunciar supuestas violaciones al debido proceso y obtener un eventual pronunciamiento internacional. De hecho, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional alegando persecución política y hasta delitos de lesa humanidad en el tratamiento judicial hacia la ex presidenta. Si bien es altamente improbable que tribunales internacionales revocen una sentencia firme argentina, la movida busca instalar el relato del “juicio injusto” en la opinión pública y mantener viva la mística en torno a su figura. En paralelo, Kirchner apuesta a mantener su liderazgo simbólico en el movimiento peronista desde las sombras: continuará presidiendo el Partido Justicialista y su voz seguirá presente, aun cuando deba hacerlo desde un domicilio en condición de detenida.
A corto plazo, Argentina se adentra en un terreno político inédito. Nunca antes una ex jefa de Estado tan central había quedado al borde de la prisión por corrupción. Este final –celebrado por unos y repudiado por otros– ahonda la polarización en el país. Para el oficialismo de Milei, significa la validación de su discurso anti-“casta” y anticorrupción, mientras que para el kirchnerismo representa la “consumación del lawfare” que vienen denunciando, equiparando a Cristina con líderes regionales perseguidos judicialmente en el pasado. La imagen de Cristina Fernández de Kirchner detenida (muy posiblemente en su casa de El Calafate o Buenos Aires) será potente y simbólica: para sus detractores, una victoria de la República; para sus fieles, la confirmación de su condición de mártir política. En cualquiera de los casos, el epílogo de la causa Vialidad cierra un capítulo histórico en Argentina y abre interrogantes sobre el futuro del peronismo sin su figura más convocante en libertad, así como sobre la relación entre la Justicia y la política en los años por venir.
Fuentes: Fallo de la Corte Suprema y detalles de la condena a CFK; Información sobre decomiso millonario y otros condenados; Descripción de la causa Vialidad y sentencia de 2022; Cronología de causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum (sobreseimientos 2021 y reaperturas); Datos de la causa Cuadernos (procesamiento de 2018 y juicio fijado para 2025); Confirmación de sobreseimiento en Dólar Futuro; Declaraciones y reacción de Cristina Kirchner y su entorno; Plan de llevar el caso a instancias internacionales.
