El Concejo Deliberante de El Bolsón fue escenario de un debate en torno a la reciente intervención de la delegación local de PAMI, que resultó en la desvinculación de su delegada y la suspensión de todo el personal. La sesión, que contó con el testimonio de un empleado desde la Banca del Vecino, expuso dos visiones antagónicas: una que denuncia persecución política y un plan de "vaciamiento" del Estado, y otra que califica la protesta de los trabajadores como "militancia rentada".
La discusión se centró en un proyecto de comunicación impulsado por la concejal Rosa Monsalve, que fue finalmente aprobado por una amplia mayoría de 6 votos contra 1.
La voz de los trabajadores Carlos Demasi, empleado de PAMI con 21 años de servicio, utilizó la Banca del Vecino para refutar las acusaciones de abandono de persona. "Que abandono hubo, qué falta de responsabilidad, porque en realidad no la hubo", afirmó. Explicó que durante la jornada de protesta se mantuvieron guardias mínimas, se gestionaron traslados de urgencia y que la medida fue una acción gremial de ATE. "Esto está enmarcado en esto de ir en desmedro del trabajador, de que el Estado se vaya retirando de los lugares", concluyó.
Denuncias de persecución y defensa de derechos La postura mayoritaria, liderada por la concejal Monsalve, calificó las sanciones como "una muestra clara de persecución política" enmarcada en un "modelo de país profundamente autoritario y regresivo". Las concejalas Laura Rojas y Natalia Kalavasini defendieron la trayectoria de la delegada desvinculada, María Eugenia Alonso, destacando su labor durante emergencias. Rojas afirmó que Alonso "es una trabajadora de carrera" y no un cargo político. El presidente del Concejo, Agustín Guasco, cerró la defensa del proyecto afirmando: "Acá no hay banderas políticas, sino derechos. Repudio la persecución y la malicia institucional".
La postura disidente: "Militancia política" El concejal Efraín Ranea fue la única voz en contra del proyecto. Sostuvo que el Concejo no tiene jurisdicción en un asunto de la administración pública nacional. Calificó la protesta como una "gran acción de militancia política rentada" y aseveró que "en esta nueva Argentina las oficinas públicas no son búnkeres de militancia". Si bien rechazó el "escarmiento público" contra la delegada, apoyó las medidas administrativas y afirmó que la prioridad son los afiliados y no los empleados.
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Fuente: Sesión del Concejo Deliberante de El Bolsón.
