Greenpeace, a través de Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques, advierte sobre los riesgos que este tipo de iniciativas representa para el ecosistema local, especialmente para los bosques nativos.
*Fuente Radio c - ideas Circulares
El mega proyecto en El Bolsón se extiende por aproximadamente 80 hectáreas, con un enfoque en la construcción de viviendas y servicios turísticos. Hernán Giardini, de Greenpeace, resalta los impactos inmediatos que traerá este proyecto: “Estamos hablando de zonas de bosque nativo, donde la ley de bosques claramente prohíbe cualquier tipo de desmonte”. Según Giardini, tanto el proyecto de El Bolsón como otros similares en la región, como el de Cerro Catedral, violan la normativa de protección de bosques, especialmente en áreas categorizadas como zonas rojas y amarillas, donde el desmonte no está permitido.
El activista señala que los proyectos están avanzando con permisos municipales, pero aún no se han presentado los estudios de impacto ambiental, cruciales para evaluar las consecuencias en el medio ambiente: “Lo primero que tendrían que hacer es consultar a la Dirección de Bosques. Si la zona no lo permite, el proyecto no debería avanzar”, afirma Giardini, subrayando la falta de rigor en los procedimientos administrativos.
Además, se habla de un proceso de urbanización que no solo afectará la vegetación, sino también la estabilidad de la montaña. “Estamos hablando de zonas donde la erosión es un riesgo real. La urbanización de espacios de alta montaña podría desencadenar deslizamientos y daños irreparables en la biodiversidad local”, advierte. A su juicio, este tipo de proyectos se repiten en distintas partes de la Patagonia, como en el Cerro Balsa, donde intereses comerciales intentan expandir áreas urbanas sobre bosques nativos.
La problemática es más compleja aún cuando se considera la ley de bosques, que a nivel nacional y provincial busca proteger estas áreas. Giardini critica la implementación parcial de esta ley: “Es una ley que se cumple a medias. A pesar de su sanción hace casi dos décadas, los desmontes han disminuido solo un 40%”. A pesar de los esfuerzos de organizaciones sociales y la presión popular, muchos proyectos siguen adelante sin cumplir con las normativas vigentes.
