A partir de enero de 2025, la Municipalidad de El Bolsón deberá afrontar un histórico juicio que tendrá un impacto significativo en sus finanzas. El fallo, que ya es definitivo, obliga al municipio a destinar el 5% de todos los ingresos que perciba en su cuenta de rentas generales para cumplir con una sentencia millonaria.
El caso tiene sus raíces en una obra de gas realizada en 1996, cuya falta de pago derivó en un juicio iniciado en 2002 por la empresa Sbacco. Después de más de dos décadas de litigio, el costo total de la deuda asciende a aproximadamente 1.500 millones de pesos, de los cuales 1.050 millones corresponden al capital adeudado y 450 millones a intereses acumulados.
El fallo establece que el municipio deberá pagar alrededor de 17 millones de pesos mensuales, equivalentes a unos 204 millones anuales, por un período de seis años. Este compromiso financiero pone una presión inédita sobre las arcas municipales, ya que el embargo del 5% afecta directamente a los ingresos corrientes destinados a servicios esenciales y proyectos locales.
La jueza Paola Bernardini dispuso un embargo sobre el 5% de las rentas generales del municipio hasta cubrir el monto adeudado, tras rechazar un recurso de reposición presentado por el municipio.
Un caso de larga data
El conflicto inició hace casi tres décadas, cuando Sbacco, contratada para realizar una obra de gas en la localidad, reclamó por incumplimientos contractuales que derivaron en un juicio. En 2022, el caso volvió a tomar fuerza cuando Sbacco presentó una ejecución de sentencia, buscando cobrar lo adeudado.
En este contexto, el municipio intentó evitar el embargo invocando la Ordenanza N.º 122/23, que declara la Emergencia Económica. Según los abogados del municipio, esta norma impediría cualquier retención de fondos sin una declaración de inconstitucionalidad previa. Sin embargo, tanto la Cámara de Apelaciones como el juzgado resolvieron que dicha ordenanza no puede obstaculizar la ejecución de una sentencia firme.
Fallo y consecuencias
El fallo ordena que el 5% de las rentas generales sea retenido y depositado semanalmente en una cuenta judicial, para garantizar el pago a Sbacco. La jueza Bernardini consideró que el municipio no cumplió con la exigencia de incluir el monto de la condena en el presupuesto, tal como ordenaba un fallo previo de la Cámara.
En su resolución, la magistrada rechazó los argumentos municipales, destacando que no se probó la incorporación presupuestaria ni se presentaron alternativas viables para saldar la deuda. Además, advirtió al municipio y a sus abogados sobre la necesidad de actuar con lealtad y buena fe procesal, aunque descartó que su actuación fuera temeraria o maliciosa.
Impacto económico y político
El embargo dispuesto podría poner en jaque las finanzas del municipio, que ya enfrenta restricciones presupuestarias por la emergencia económica.
Mientras tanto, la apelación presentada por el municipio está en curso, aunque no suspende la ejecución del embargo.
