En octubre de 2024, la Justicia imputó a tres exfuncionarios de la gestión de Carreras por abuso de autoridad en relación con esta adquisición. Los acusados son José María Apud, exsecretario general de la Gobernación; Gonzalo Regueira, exsecretario de Administración; y José María Scheverin, exdirector de Aeronáutica. Se les atribuye haber omitido procedimientos legales, resultando en sobreprecios y falta de transparencia en la compra del avión.
Tras asumir su mandato, el actual gobernador Alberto Weretilneck inició el proceso de venta de la aeronave debido a los altos costos de mantenimiento y las irregularidades detectadas. En diciembre de 2024, se presentaron dos ofertas de empresas interesadas en adquirir el avión, proponiendo pagos que combinan efectivo y servicios de vuelos sanitarios. Sin embargo, ninguna de las propuestas alcanza a recuperar el monto originalmente invertido, estimándose una recuperación de aproximadamente el 59% del valor pagado.
Las declaraciones de Ibarrolaza en las redes sociales reflejan la preocupación y el debate público en torno a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en adquisiciones de alto valor como la del avión sanitario.