Torres subrayó un caso específico de corrupción que involucró a un delegado sindical en la zona de la Cordillera, quien utilizó su posición dentro de una cooperativa de servicios públicos para contratar a su propia empresa. "Era un claro acto de corrupción e impunidad que se sostuvo durante más de veinte años", afirmó. La justicia provincial intervino, declarando inconstitucional la maniobra y logrando que el implicado fuera encarcelado, algo que, según el mandatario, no ocurría en mucho tiempo en la provincia.
El gobernador destacó el papel de la Procuración General y de la justicia ordinaria en este proceso, resaltando que se avanzó en la extinción de dominio, permitiendo que los bienes confiscados en causas de corrupción vuelvan al Estado. "Hoy todos esos bienes serán rematados para que el dinero vuelva a los contribuyentes", enfatizó Torres, remarcando que esta acción forma parte de una reforma judicial en marcha.
En su intervención, Torres defendió la existencia de una justicia que debe ser valorada y puesta en alto, diferenciándola de sectores garantistas y corporativistas. "Se está dando vuelta la página, queremos ser punta de lanza en algo que debe replicarse en el resto de las provincias y también a nivel nacional", declaró.
El mandatario concluyó destacando que su postura no responde a una cuestión partidaria, sino a una necesidad estructural de la Argentina. "La Nación no puede permitir la existencia de feudos políticos y judiciales", sentenció.
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