Desde el inicio del ciclo lectivo, madres y padres de la Escuela 268 de El Bolsón sostienen una sentada pacífica en la puerta del establecimiento. Reclaman la reubicación de un docente al que consideran inapropiado para el trato con niños, basándose en derechos legales y tratados internacionales. Aseguran que la causa judicial en su contra fue archivada sin resolución de fondo, y exigen que, hasta que haya una definición, no tenga contacto con estudiantes.
“Tuvieron una entrevista hace un rato en otra radio con la vocal de educación y siguen con la misma idea: que el docente continúe dando clases”, expresaron las familias. “Nos dicen que como la causa está archivada, no hay nada que hacer. Pero no estamos de acuerdo con esa postura. Se prioriza el derecho laboral del docente por sobre el derecho de nuestros hijos”.
Las madres y padres remarcaron que no buscan quitarle el trabajo a nadie. “Siempre dijimos que nadie quiere dejarlo sin sueldo. Lo que pedimos es que esté entre adultos, hasta que se esclarezca su situación legal”.
Según informaron, recibieron versiones no confirmadas de una posible reubicación del docente, pero aún esperan que el supervisor se presente en la escuela para constatar la situación. “Estamos acá esperando que venga. Nos dijeron que iba a firmar un acta o traer algún tipo de solución, pero hasta ahora nada”.
El conflicto, sin embargo, no es nuevo. “Esto viene de hace años. No queremos que esto continúe, ni ser los últimos padres autoconvocados. Ya en otra oportunidad lo habían sacado de su rol de cuidador, pero después volvió y titularizó cargos. Ahora está frente a grados de primero a quinto”, denunciaron.
Las familias se amparan en leyes como la Nacional 26.061, la Provincial 4.109 y tratados internacionales. “Es un derecho legal, no un capricho. Ante el cruce de dos derechos, el de los niños es prioritario, eso es lo que se debe respetar”, remarcaron.
La organización de las familias incluye verificar a diario si el docente se presentará. “Cada día, los padres consultan en dirección si va a venir. Si no, lo informamos en el grupo y decidimos si traer a los chicos o no”.
En cuanto al silencio institucional, fueron tajantes: “Hemos ido al SENAF, al Juzgado de Paz, a Fiscalía. Todos saben de qué docente hablamos. La respuesta es siempre la misma: ninguna. Y mientras tanto, nosotros hacemos el trabajo que deberían hacer quienes tienen sueldo para eso”.
También denunciaron la falta de diálogo directo con el Ministerio de Educación. “Nos indigna que hablen en medios, pero no puedan venir a hablar con nosotros. Siempre fuimos pacíficos, siempre dispuestos al diálogo”.
Finalmente, cuestionaron el funcionamiento interno del sistema: “Si la junta de disciplina dice que esta persona puede estar frente a niños, entonces hay que revisar también quién integra esa junta”.
