A mitad de año, la Legislatura todavía no rindió el reporte obligatorio de la Defensoría del Pueblo. El retraso genera inquietud sobre el rol del organismo, su costo y su efectividad.
Mientras avanza el calendario legislativo en Río Negro y se debaten temas cruciales para la provincia, hay un informe que brilla por su ausencia: el de la Defensoría del Pueblo. Según establece la normativa vigente, el organismo debe rendir cuentas ante la Legislatura rionegrina mediante un informe anual detallado, que dé cuenta de sus actuaciones, gestiones y observaciones. Pero, ya en el mes de junio, esa obligación no se ha cumplido.
La Defensoría del Pueblo existe para supervisar el funcionamiento del Estado, denunciar irregularidades, canalizar reclamos y actuar de puente entre la ciudadanía y las instituciones. En ese marco, su informe anual no es solo un trámite: es una herramienta clave para evaluar su eficacia y justificar su existencia.
La falta de presentación no sólo compromete la transparencia del organismo, sino que deja expuesto un problema mayor: la falta de interés institucional de la propia Legislatura para exigirlo. Si el poder que debe recibir y analizar el informe no lo reclama con firmeza, ¿quién controla al ente que se supone debe controlar?
Con una estructura que incluye defensor, adjuntos, equipos técnicos y un presupuesto relevante, la Defensoría representa un gasto considerable para el Estado. El presupuesto provincial asigna millones para sostener su funcionamiento, desde oficinas hasta sueldos, viáticos y personal.
La situación plantea una paradoja incómoda: un organismo creado para supervisar que los servicios públicos funcionen y que las políticas estatales se implementen correctamente, está fallando en su propio deber de rendición de cuentas. Y lo hace bajo la mirada pasiva de los legisladores, que deberían ser sus primeros auditores.
Si no se exige el cumplimiento de estas responsabilidades mínimas, el riesgo es claro: que la Defensoría del Pueblo termine funcionando como un sello decorativo, sin peso real ni impacto, y que los recursos públicos destinados a sostenerla no se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía.
Fecha: 29 de mayo de 2025.
