En medio de una fuerte crisis económica y tensiones con los trabajadores estatales, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut quedó en el centro de la polémica tras aprobar aumentos salariales de hasta un 30% y la compra de camionetas de alta gama valuadas en más de 80 millones de pesos cada una. La decisión, tomada en marzo pero revelada recién ahora, provocó paros judiciales y duros cuestionamientos del gobernador Ignacio Torres.
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El hecho se conoció luego de que el exministro Fernando Royer publicara un mensaje en redes sociales denunciando “privilegios inadmisibles” dentro del Poder Judicial chubutense. Según detalló, además de los aumentos para los seis miembros del Superior Tribunal, se autorizó la adquisición de seis camionetas importadas de alta gama y se aprobaron viáticos, pasajes y designaciones cuestionadas.
La reacción no tardó en llegar. La Asociación Judicial de Chubut decretó un paro de tres horas, que luego se repitió al jueves siguiente, dejando paralizado el sistema judicial. Los trabajadores señalaron el contraste entre los recortes en otras áreas del Estado y los beneficios otorgados en silencio a los altos funcionarios judiciales.
“Este tipo de privilegios no pueden seguir existiendo en el Estado”, expresó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien acusó a los jueces de actuar como “una isla de impunidad” y reafirmó su intención de avanzar con reformas para limitar los fueros judiciales.
El enfrentamiento ocurre en un contexto de alta conflictividad institucional. Torres ya había tenido cruces con sectores de la Justicia por la investigación de los incendios en Rawson, su intervención en causas contra comunidades originarias y el tratamiento del expediente de extradición de Facundo Jones Huala.
Uno de los nombres apuntados es el del presidente del STJ, Javier Raidan, abogado con tres décadas de trayectoria en el ámbito jurídico de Chubut. Raidan es señalado por su cercanía con sectores del poder político y por haber sido clave en la aprobación del paquete de beneficios.
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