Mientras se discute el ajuste en términos macroeconómicos, en la vida cotidiana de millones de argentinas y argentinos se vuelve palpable el retroceso. La desfinanciación del sistema de atención a las personas con discapacidad no es una cifra en una planilla de Excel: es angustia, es exclusión, es desprotección.
La reciente media sanción de la ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el año 2027 no es una respuesta partidaria ni una bandera sectorial. Es una reacción necesaria frente a un escenario crítico, donde el Estado nacional ha abandonado funciones básicas de acompañamiento, protección y garantía de derechos.
Según datos oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en noviembre de 2023 se encontraban vigentes 1.680.723 Certificados Únicos de Discapacidad. Esto representa al 3,65% de la población. En mi provincia, Río Negro, son más de 33.700 personas: el 4,5% de nuestras y nuestros comprovincianos.
Las historias detrás de esos números son conmovedoras y urgentes. Ayelén, por ejemplo, me escribió desesperada tras recibir una carta de auditoría sobre su pensión no contributiva. Le indicaban una dirección inexistente y una amenaza: si no se presentaba, perdería el beneficio. Otros vecinos y vecinas relataron situaciones similares: cartas documento confusas, direcciones falsas, falta de accesibilidad. En plena ola polar, sin acompañamiento del Estado.
¿A eso llaman "eficiencia"? ¿Esa es la nueva política social?
Este nivel de desorganización institucional no puede naturalizarse. Cuando el Estado se retira, la desigualdad se profundiza. Y cuando la discapacidad es tratada como un "costo fiscal", como ha expresado el propio jefe de gabinete, se consolida una política de exclusión sistemática.
La ley que debatimos propone medidas concretas para revertir esta situación: financiamiento adecuado para las pensiones, actualización automática de aranceles, compatibilidad entre pensión y empleo registrado, modernización del Certificado Único de Discapacidad y garantías efectivas de acceso a la salud.
Nada de esto es un privilegio. Son derechos.
Frente al ajuste sin alma, elegimos el compromiso con quienes más necesitan del acompañamiento estatal. Porque la discapacidad no es un gasto. Es una demanda legítima de inclusión que hoy espera una respuesta urgente del Estado".
