El Gobierno de Río Negro presentó una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y Vialidad Nacional por el deterioro de la Ruta Nacional 151. La demanda fue acompañada por intendentes, la Defensoría del Pueblo y cámaras empresariales, reclamando medidas urgentes ante una situación que compromete la vida, salud y economía de la región.
El escrito, presentado ante el Juzgado Federal de General Roca, exige que se declare la responsabilidad del Estado Nacional por la falta de mantenimiento de los 150 kilómetros del tramo rionegrino de la Ruta 151, entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
“Este deterioro afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que transitan por allí cada día”, detalla la presentación.
El juzgado ya dio curso a la acción y requirió a los organismos demandados que informen en un plazo de once días sobre las razones de la omisión. Para la medida cautelar, se estableció un plazo de cinco días.
El gobernador Alberto Weretilneck firmó la presentación junto al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal adjunto Luciano Minetti Kern. También adhirieron la defensora del Pueblo Adriana Santagati, y los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande).
La acción judicial subraya que la falta de mantenimiento de la ruta obstaculiza servicios esenciales como la salud —con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025—, la educación —afectando a más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas— y sectores productivos clave como la fruticultura, minería, turismo e hidrocarburos.
“El Estado Nacional desnaturaliza el régimen de financiamiento vial, desviando fondos del Impuesto a los Combustibles que por ley deberían destinarse a la infraestructura”, reclama el texto.
Entre las medidas cautelares solicitadas se incluyen señalización urgente, bacheo provisorio, campañas informativas y la elaboración de un plan técnico con presupuesto definido e informes periódicos sobre las obras.
Los empresarios también se hicieron presentes: José Bunter (Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti), Federico Paolo (Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro) y Ramiro Arceo (Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro) firmaron la acción.
La demanda invoca la Constitución Nacional, tratados internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley de Amparo (16.986), la Ley de Tránsito (24.449) y jurisprudencia relevante.
