Dos explotaciones de áridos operan en una zona protegida cerca de El Foyel. Ante la falta de controles y la omisión de la provincia, organizaciones y vecinos reclaman que se cumpla la Ley y advierten sobre graves daños ambientales. La clave: hay trámites que nunca se completaron y permisos que no existen, mientras los camiones siguen circulando a la vista de todos.
3 claves rápidas:
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Extracción sin permisos
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Desmonte en zona de bosques
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Complicidad y silencio oficial
La denuncia llegó por parte de vecinos y organizaciones como FADHS y Árbol de Pie, que advierten que se están extrayendo áridos en dos canteras de El Foyel. Ambas se encuentran en categoría “verde” de bosques nativos, el nivel más bajo de protección según la normativa actual, pero que igual exige autorizaciones, estudios de impacto ambiental y remediación ante daños provocados.
Una de las canteras, ubicada más al sur (camino al Bolsón), presentó en algún momento un estudio de impacto ambiental ante la autoridad, pero este no fue accesible públicamente. “La resolución ambiental favorable que dice Ambiente implica que debería haberse hecho una audiencia pública, pero no está registrado que haya ocurrido”, señala Tomás Guevara, colaborador de FADHS. A la vez, esta cantera no tiene autorización de la Dirección de Minería, aunque hay testimonios de vecinos que confirman la extracción de áridos y su traslado a Bariloche, lo que constituye una irregularidad grave.
La segunda cantera, sobre la Ruta 40 cerca del límite con Chile, opera directamente en la clandestinidad: sin trámites ambientales ni de minería, pero con actividad comprobada por el paso constante de camiones. Bariloche enfrenta problemas de abastecimiento de áridos y eso favorece el circuito informal.Guevara destaca que “la provincia hace la vista gorda mientras se desmontan áreas de bosque en pleno territorio protegido. Frente a los daños generados, deberían exigir medidas de remediación, como reforestación, pero no hay controles efectivos”. En esta trama, la responsabilidad recae sobre funcionarios que manejan ambos organismos claves: Ambiente y Minería dependen de Andrea Confini, pareja del gobernador y candidata a senadora. Legisladores como Magdalena Odarda presentaron pedidos de informe sin obtener respuestas.
Las organizaciones insisten: “Solo pedimos que se cumplan las leyes vigentes: acceso público al lago, pago de cánones, realización de audiencias y protección de los bosques. Hay un entramado de intereses que busca una ‘tierra liberada’ para negocios inmobiliarios y extractivos, pero por suerte también hay vecinos y legisladores movilizados por los derechos colectivos y la soberanía territorial”.
Fuente
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Medio original: COOP TV


