La Argentina atraviesa una disyuntiva decisiva: federalismo o dependencia. En
Río Negro se repite con insistencia que hay que "defender a los rionegrinos",
pero esa defensa se vacía cuando los representantes de Juntos Somos Río
Negro terminan alineados a acuerdos reservados con el poder central a cambio
de promesas inciertas. Hoy Javier Milei gobierna con reflejos de emperador:
concentra decisiones, reparte recursos como premios y castigos, paraliza obras
públicas y condiciona el voto de legisladores a cambio de oxígeno financiero.
Esa dinámica erosiona la República Federal y deja a las provincias sometidas
al humor presidencial. Todo sucede sobre una sociedad muy distinta a la que
vio nacer al peronismo industrial: trabajadores formales e informales,
cuentapropistas, profesionales precarizados, pymes que pelean por sobrevivir y
una economía popular que resiste mientras sectores financieros logran rentas
sin producir. Gobernar con favores y discrecionalidad fiscal no es defender: es
condenar a las provincias a la dependencia y a la ciudadanía a la frustración.
La realidad actual lo demuestra con crudeza. En 2024, el Gobierno nacional
recortó más del 80 % de las transferencias discrecionales a provincias —más
de $1,3 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso— y paralizó
más del 60 % de las obras nacionales en ejecución en Río Negro, afectando
rutas, viviendas y hospitales. En ese contexto, Juntos Somos Río Negro
sostiene que "defiende" a la provincia, pero sus representantes en el Congreso
votaron leyes nacionales —como la Ley Bases y el Régimen de Incentivos para
Grandes Inversiones (RIGI)— negociadas en silencio por Weretilneck, sin
explicar a la ciudadanía qué se entrega y qué se obtiene. Estas decisiones no
fortalecen a Río Negro: implican menos recaudación, mayor dependencia de
fondos discrecionales y una pérdida de capacidad para sostener servicios e
infraestructura. Es una estrategia que ata el futuro provincial a los intereses del
Ejecutivo nacional.
El núcleo del problema es la coparticipación federal. La Constitución Nacional,
en su artículo 75 inciso 2, ordenó en 1994 sancionar una nueva ley-convenio
con criterios objetivos y transferencia automática de fondos. Treinta años
después seguimos regidos por un régimen "provisorio" —la Ley 23.548 de
1988— que permite al poder central condicionar recursos y disciplinar
provincias. Como explica la politóloga Tulia G. Falleti en Decentralization and
Subnational Politics in Latin America (Cambridge University Press, 2010), "el
federalismo argentino se ha transformado en un sistema donde los
gobernadores negocian supervivencia financiera a cambio de apoyo político,
debilitando la idea de una república verdaderamente federal". Mientras ese
mandato constitucional siga incumplido, el federalismo será un discurso hueco
y cualquier presidente podrá actuar como emperador fiscal.
A esa debilidad estructural se sumó la política de descentralización menemista
de los años 90. La Nación transfirió a las provincias responsabilidades
centrales —educación, seguridad, salud— sin los recursos correspondientes.
Ese traspaso desordenado multiplicó obligaciones y desequilibrios fiscales,
convirtiendo a los gobernadores en administradores de carencias y
profundizando la dependencia del poder central para pagar salarios, sostener
servicios y financiar obras. Desde entonces, cada presidente ha podido
disciplinar políticamente a las provincias mediante premios y castigos
presupuestarios.
Desde una visión peronista, sabemos que no hay justicia social ni soberanía
política sin independencia económica ni sin un verdadero federalismo. Nuestra
historia lo confirma: cuando el país recupera autonomía, puede decidir su
destino. Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI para fortalecer la decisión
propia; Cristina Fernández continuó el desendeudamiento y defendió la
producción nacional frente a condicionamientos externos. Hoy el desafío es
ampliar esa mirada: no basta con la macroeconomía; hay que construir un
pacto federal, social y productivo que dé previsibilidad y horizonte a quienes
trabajan y producen, convoque a las pymes, a la economía popular, a los
profesionales y a las clases medias vulnerables, y garantice que ninguna
provincia vuelva a depender de la discrecionalidad presidencial para sostener
servicios básicos o infraestructura.
Tres compromisos son urgentes:
Coparticipación justa y blindada, con coeficientes transparentes,
remisión automática y una cláusula que impida condicionar fondos a
obediencia legislativa. Cumplir la Constitución es el primer paso para
que ninguna provincia deba mendigar recursos.
Reglas fiscales responsables, que limiten el endeudamiento sin respaldo
productivo y prioricen infraestructura y desarrollo.
Instituciones vivas y una sociedad activa, porque la República no se
defiende sólo con leyes: se sostiene con ciudadanía informada y
dirigentes que hacen respetar al Congreso, la Justicia y los gobiernos
locales.
Río Negro necesita representantes que expliquen y defiendan con claridad qué
votan y por qué, no acuerdos silenciosos que comprometen el futuro provincial
a cambio de beneficios inmediatos. El federalismo no es una bandera
partidaria; es un reclamo de cualquier ciudadano que quiere producir, trabajar y
vivir con dignidad sin depender de la discrecionalidad presidencial.
La Argentina necesita menos consignas vacías y más federalismo verdadero.
Un federalismo capaz de equilibrar poder, cumplir la Constitución y dar un
horizonte común donde ningún presidente gobierne como emperador y donde
las provincias tengan voz y recursos para decidir su desarrollo. Ese es el
camino que debemos construir: un país productivo, justo y profundamente
federal, donde la defensa de Río Negro y de cada provincia sea real y no un
eslogan.
Roberto Mandado
Militante
Politólogo
Sec. Legislativo del bloque Vamos con Todos en el Concejo Deliberante de
Viedma
