La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda LIBRA cerró su trabajo en la Cámara de Diputados con un informe que expone patrones de conducta y fuertes responsabilidades políticas. El documento, presentado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión, destaca maniobras repetidas, vínculos y trabas a la investigación. ¿Qué revela este informe y por qué generó tanto revuelo en el Congreso?
3 claves rápidas:
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Manejos dudosos con tokens
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Bloqueo oficial a la investigación
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Falta de control institucional
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Durante varios meses, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados se abocó al llamado “caso LIBRA”, analizando documentos, testimonios y transacciones vinculados al lanzamiento de esta criptomoneda. “LIBRA no fue un hecho aislado”, afirmó Maximiliano Ferraro, quien lideró el proceso y remarcó un patrón de acciones cuestionables dentro del gobierno.
Entre las conclusiones más resonantes se destacó que el lanzamiento de LIBRA funcionó como un esquema típico de “rugpull” o estafa, con maniobras para inflar artificialmente el valor del token antes de que los organizadores retiraran fondos. Según la investigación, la primera publicación sobre el contrato de compra de LIBRA la realizó el propio Presidente en X (ex Twitter), lo cual disparó el precio y permitió a ciertos inversores retirarse con ganancias importantes, dejando a más de 114 mil personas con pérdidas.
El informe también reveló que 87 inversores operaron con información privilegiada apenas segundos antes del tuit de lanzamiento. De este grupo, 36 habrían ganado más de un millón de dólares cada uno.
Otra de las aristas fue la relación entre los principales organizadores del token y figuras cercanas al gobierno. Se comprobó la existencia de vínculos y transacciones entre actores como Novelli, Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, muchos ya mencionados en proyectos previos como $KIP, donde el mismo Javier Milei fue señalado como promotor.
La Comisión apuntó también a un mecanismo recurrente: “hubo promoción activa de $LIBRA desde la investidura presidencial, falta de control, advertencias ignoradas y un silencio institucional para frenar la investigación legislativa”, destaca el texto. Además, Karina Milei fue señalada por facilitar el acceso de los organizadores a la Casa Rosada y negarse a declarar ante la Comisión.
El informe denuncia un bloqueo sistemático de información, con áreas del Poder Ejecutivo y organismos estatales negándose a colaborar o entregar datos básicos. A esto se sumó la actuación de la Justicia y la Fiscalía, que -según el texto final- obstaculizaron el acceso parlamentario a las actuaciones, negando medidas de auxilio y el análisis de la causa.
Finalmente, Ferraro agradeció a los diputados y equipos técnicos por su labor y enfatizó que “el oficialismo ni siquiera fue capaz de presentar un informe alternativo o defender al Presidente en el caso”.
