Reclamos por "operación política"
Defensa de su "ficha limpia"
Llamado a respetar el voto
La diputada nacional y senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, publicó un extenso descargo en redes sociales luego de la impugnación a su asunción en la Cámara alta, donde enfrenta cuestionamientos por supuestos vínculos con causas judiciales y denuncias penales en el país y en el exterior. En su mensaje, sostuvo que todas las acusaciones y "falsas denuncias" fueron investigadas y que resultó sobreseída tanto en Argentina como en Estados Unidos, por lo que considera que el intento de frenar su jura es estrictamente político.
Villaverde afirmó que no seguirá exponiendo su historia personal y agradeció a quienes la escucharon antes de "emitir un juicio de valor basado en obscenidades mediáticas", en alusión a informes periodísticos y operaciones en redes. Dijo que cada explicación que brinda termina siendo "su palabra contra un relato armado y multiplicado por ciertos medios y periodistas", por lo que decidió concentrarse en el plano institucional.
Según la legisladora, su obligación ahora es someterse "exclusivamente" a la Constitución Nacional y al reglamento del Senado, donde –remarca– no existe ninguna facultad que habilite a la Cámara a decidir de manera discrecional sobre la validez de su jura si la candidata cumple con los requisitos formales. Reivindicó que fue "democráticamente electa", que no posee condenas y que las acusaciones utilizadas en la impugnación pertenecen "solo al terreno político".
En la publicación, Villaverde asegura que se ajusta al derecho y a los fallos de la Corte Suprema en casos similares, además de a la "voluntad soberana" del pueblo rionegrino que la eligió para el Senado. Rechaza pedir "favores ni atajos" y reclama justicia, planteando que no se la condene desde la política cuando "la justicia no lo hizo" y advirtiendo contra lo que describe como una operación política disfrazada de moral institucional.
El caso mantiene en tensión al oficialismo y la oposición en la Cámara alta, donde el peronismo rionegrino y otros sectores promovieron impugnaciones por supuestas "inhabilidades morales" y antecedentes de causas por estafa, narcotráfico y manejo irregular de fondos de campaña, mientras el entorno libertario insiste en que Villaverde no tiene condenas y que cualquier freno a su asunción lesionaría la voluntad popular de Río Negro. La discusión ya es vista como un test clave sobre hasta dónde puede llegar el Senado a la hora de revisar los diplomas de legisladores electos.
