La Justicia rionegrina rechazó el pedido de revocatoria de mandato contra el legislador que cambió de bando. El fallo aclara que un partido no tiene la potestad de decidir quién se queda con la banca por cuenta propia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) le cerró la puerta al reclamo de un partido político que pretendía desplazar al legislador César Domínguez de su cargo. La sentencia ratificó que el mandato popular no se rompe por una simple decisión administrativa de una asamblea partidaria, confirmando lo que ya había dictaminado el Juzgado Electoral.
La disputa nació cuando Domínguez pegó el salto a otra agrupación política.
El partido herido apeló argumentando que la Justicia se metía en asuntos internos y que ellos, como asamblea, eran los únicos autorizados para interpretar si el legislador había traicionado o no la plataforma electoral.
Para el STJ, el planteo fue un "error interpretativo significativo".
Los jueces fueron tajantes: el partido no puede echar a nadie. Solo el Poder Judicial tiene la potestad de disponer una revocatoria, y para eso hay que probar cosas mucho más pesadas que una simple mudanza de bloque político.
La Constitución exige una "violación ostensible y grave de la plataforma electoral".
En el caso de Domínguez, la demanda fue puro humo técnico. El tribunal señaló que el partido no pudo demostrar qué propuestas o principios específicos se rompieron, limitándose a quejas genéricas que no alcanzan para anular la voluntad de las urnas.
La revisión judicial no es una intromisión, sino una garantía democrática.
El fallo dejó sentado que los partidos no son dueños absolutos de los cargos electivos una vez que el ciudadano votó. Para sacar a un legislador de su asiento, se necesita una sentencia judicial basada en pruebas de traición ideológica concreta, no una rabieta de comité.
La sentencia del máximo tribunal rionegrino lleva la firma de sus cinco integrantes y ya tiene carácter firme.
El STJ blindó la banca de César Domínguez: el partido no puede echar al legislador
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) le cerró la puerta al reclamo de un partido político que pretendía desplazar al legislador César Domínguez de su cargo.
La sentencia ratificó que el mandato popular no se rompe por una simple decisión administrativa de una asamblea partidaria, confirmando lo que ya había dictaminado el Juzgado Electoral.
La disputa nació cuando Domínguez pegó el salto a otra agrupación política.
El partido herido apeló argumentando que la Justicia se metía en asuntos internos y que ellos, como asamblea, eran los únicos autorizados para interpretar si el legislador había traicionado o no la plataforma electoral.
Para el STJ, el planteo fue un "error interpretativo significativo".
Los jueces fueron tajantes: el partido no puede echar a nadie. Solo el Poder Judicial tiene la potestad de disponer una revocatoria, y para eso hay que probar cosas mucho más pesadas que una simple mudanza de bloque político.
La Constitución exige una "violación ostensible y grave de la plataforma electoral".
En el caso de Domínguez, la demanda fue puro humo técnico. El tribunal señaló que el partido no pudo demostrar qué propuestas o principios específicos se rompieron, limitándose a quejas genéricas que no alcanzan para anular la voluntad de las urnas.
La revisión judicial no es una intromisión, sino una garantía democrática.
El fallo dejó sentado que los partidos no son dueños absolutos de los cargos electivos una vez que el ciudadano votó.
La sentencia del máximo tribunal rionegrino lleva la firma de sus cinco integrantes y ya tiene carácter firme.
