Un jubilado que había sido víctima de una estafa telefónica recuperó el dinero perdido después de transitar una mediación prejudicial con una entidad bancaria en Bariloche. El caso permitió abordar el perjuicio económico y, al mismo tiempo, la angustia que atravesó el hombre cuando advirtió que había sido engañado y no encontraba una respuesta inmediata para detener la maniobra.
La situación comenzó con una serie de llamados telefónicos. Del otro lado de la línea, desconocidos simularon brindar asistencia vinculada con la seguridad de sus cuentas. Con insistencia, presión y falsas instrucciones, lograron que el adulto mayor realizara distintas transferencias hacia cuentas indicadas por quienes llevaban adelante el fraude.
La maniobra se extendió durante varias horas. A medida que concretaba las operaciones, el hombre empezó a sospechar que algo no estaba bien. En medio de esa confusión pidió ayuda en la propia entidad bancaria e intentó frenar los movimientos. Sin embargo, no logró detener la salida del dinero.
Ese momento concentró una parte central del conflicto. El jubilado no solo enfrentaba la pérdida de sus ahorros. También atravesaba la incertidumbre de no saber si las transferencias podían continuar, la angustia de haber actuado bajo engaño y la sensación de desprotección frente a una situación que avanzaba más rápido que las respuestas disponibles.
Después de realizar la denuncia correspondiente, el jubilado inició una mediación prejudicial en el ámbito de consumo. La instancia abrió un espacio de diálogo con la entidad bancaria, en un procedimiento confidencial, con intervención de la mediadora oficial y de las representaciones letradas de ambas partes.
Durante los encuentros, la mediadora trabajó para ordenar el intercambio, precisar los puntos del reclamo y sostener una comunicación útil entre las partes. La intervención de la profesional y los abogados permitió encuadrar jurídicamente la pretensión, evaluar las alternativas posibles y avanzar sobre una propuesta que respondiera al daño económico planteado.
El trabajo conjunto posibilitó que el conflicto no quedara reducido a una discusión sobre transferencias bancarias. En la mesa de mediación también se abordó el modo en que la estafa había afectado la vida cotidiana del adulto mayor: el temor a nuevas operaciones, la pérdida de confianza y la necesidad de recibir una respuesta concreta después de haber pedido ayuda sin lograr frenar la salida del dinero.
La intervención profesional fue clave para transformar un reclamo cargado de tensión en una negociación posible. La mediadora facilitó el diálogo, evitó que las posiciones se endurecieran y permitió que cada parte pudiera exponer sus intereses. Las defensas técnicas, por su parte, colaboraron en la construcción de un acuerdo claro, ejecutable y ajustado a los términos del procedimiento.
Luego de varios encuentros, las partes alcanzaron un acuerdo. La entidad bancaria aceptó restituir el dinero reclamado y asumió las obligaciones previstas en el convenio. El conflicto quedó resuelto en el marco de la mediación, sin necesidad de avanzar hacia un juicio.
