Los municipios son hoy el primer mostrador del Estado. Es allí donde llegan las
demandas cuando el ingreso no alcanza, cuando se pierde el empleo, cuando
suben los alimentos o cuando los servicios se vuelven impagables. Lo que
antes encontraba respuesta en políticas nacionales o provinciales hoy se
expresa de forma directa en el nivel local. Esta centralidad no responde a un
rediseño institucional: es el resultado de un corrimiento.
En la Argentina actual, los gobiernos locales —pensados para garantizar
servicios urbanos básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento
de calles, el alumbrado y el ordenamiento territorial— enfrentan una presión
creciente en áreas que exceden sus competencias. La asistencia alimentaria, la
contención social, el acompañamiento ante la pérdida de empleo y la atención
de situaciones de vulnerabilidad se incorporan, de hecho, a su agenda
cotidiana.
En este sentido, la referencia a la década de 1990 no es meramente histórica.
Durante la presidencia de Carlos Menem, la descentralización trasladó
responsabilidades hacia las provincias y, en los hechos, hacia los municipios,
sin los recursos, la capacidad técnica ni la estructura necesaria para
sostenerlas. Ese proceso debilitó la capacidad estatal en el territorio y dejó una
huella de desigualdad que aún persiste.
Este escenario se desarrolla en un contexto donde la macroeconomía muestra
señales de orden, pero la microeconomía sigue deteriorándose. El gobierno de
Javier Milei destaca la desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal, pero
ese dato no se traduce con la misma intensidad en la vida cotidiana: el
consumo continúa retraído, la actividad comercial no se recupera y el
entramado productivo local se debilita.
Algunos indicadores del consumo permiten dimensionar esta situación. Se
observa una caída en el consumo de bienes básicos, junto con una presión
sostenida de distintos componentes del gasto cotidiano —alimentos, transporte,
tarifas, combustible y medicamentos— que, en conjunto, reflejan una pérdida
de poder adquisitivo con impacto directo en la economía diaria. La
consecuencia es clara: menos consumo, menos actividad y menor circulación
de recursos en las economías locales. Comercios que venden menos, pymes
que reducen su actividad o cierran, y una apertura económica sin resguardos
acelera la pérdida de tejido productivo.
En este contexto, las demandas no desaparecen: se transforman y se
territorializan. Pero también se vuelven difusas. No siempre está claro a qué
nivel del Estado corresponde dar respuesta: ¿a la Nación que se replegó?, ¿a
la provincia con recursos limitados?, ¿o al municipio, que es el único actor
presente?
Esa ambigüedad concentra la presión en los gobiernos locales.
Al mismo tiempo, los recursos no acompañan. La reducción de transferencias
nacionales, la paralización de la obra pública y la ausencia de políticas activas
orientadas a sostener el consumo o la producción afectan directamente la
capacidad financiera de los municipios, que ven caer su recaudación mientras
aumentan las necesidades.
Se configura así una doble tensión: más demandas sociales y menos
herramientas para responder.
Como advirtió Guillermo O’Donnell, la calidad del Estado no depende solo de
sus resultados macroeconómicos, sino de su capacidad de garantizar
presencia efectiva y derechos de manera uniforme en el territorio. Cuando esa
capacidad se fragmenta, la desigualdad deja de ser solo social y pasa a ser
también territorial.
En distintas ciudades de Río Negro, esta dinámica se expresa con claridad:
menor actividad económica, mayor presión social y gobiernos locales que
deben absorber funciones para las que no fueron diseñados ni financiados.
Frente a este escenario, la salida no puede limitarse a la estabilización nominal
ni a la expectativa de que el orden macroeconómico, por sí solo, genere un
proceso de recuperación. La evidencia histórica y la experiencia reciente
muestran que, sin una política deliberada de desarrollo, el equilibrio fiscal
tiende a convivir con estructuras productivas debilitadas y territorios
crecientemente desiguales. En ese marco, resulta necesario recuperar una
concepción del Estado que no se reduzca a su dimensión contable, sino que
asuma su rol como organizador de la actividad económica y garante de la
integración social.
Desde una tradición que el peronismo ha sostenido —y que tuvo en Néstor
Kirchner una expresión —, el orden macroeconómico con equilibrio fiscal debe
estar al servicio de un proyecto de desarrollo que articule producción, empleo y
consumo. Esto implica reconstruir el mercado interno como eje dinamizador,
fortalecer a las pymes como núcleo central de generación de trabajo y
desplegar instrumentos de política pública —incluidos incentivos y subsidios
focalizados— orientados a sostener la inversión productiva en el territorio. No
se trata de expandir el gasto sin criterio, sino de direccionarlo estratégicamente
para activar un círculo virtuoso en el que el empleo impulsa el consumo, el
consumo dinamiza la producción y esa expansión amplía la base fiscal.
En un contexto internacional donde las principales economías refuerzan
mecanismos de protección de sus sectores estratégicos, la apertura irrestricta
sin políticas de acompañamiento no constituye una estrategia de
modernización, sino un factor de vulnerabilidad. La defensa del entramado
productivo local, la recuperación de la obra pública como herramienta de
desarrollo y la inversión sostenida en educación no son opciones sectoriales,
sino condiciones necesarias para recomponer la cohesión social y territorial.
En este sentido, la cuestión municipal deja de ser un problema de gestión local
para convertirse en un indicador del funcionamiento general del Estado.
Cuando los municipios asumen funciones que exceden su escala sin los
recursos correspondientes, lo que se pone en evidencia no es su capacidad de
adaptación, sino la ausencia de un esquema federal ordenado.
Sin un nuevo acuerdo fiscal, sin una redefinición clara de competencias y sin
una política nacional que vuelva a articular los distintos niveles de gobierno, la
presión sobre los territorios continuará intensificándose.
Porque cuando el Estado se repliega sin reorganizarse, no desaparece: se
fragmenta. Y en esa fragmentación, los municipios no solo administran las
consecuencias de la crisis, sino que terminan sosteniendo, en condiciones
cada vez más precarias, el vínculo esencial entre la sociedad y lo público. Allí,
en ese nivel, se define, en última instancia, la capacidad de un país para
integrarse o para profundizar sus desigualdades.
*Roberto David Mandado
Politólogo
Sec. Legislativo del bloque Vamos con Todos en el Concejo Deliberante de
Viedma
