El oficialismo impuso un polémico pase a planta permanente en el Concejo Deliberante. El presidente del cuerpo, Agustín Guasco, justificó salirse de las normas bajo el argumento del "consenso", abriendo un debate alarmante sobre la institucionalidad local y el manejo discrecional de la información pública.
El Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó la incorporación de 37 empleados municipales a la planta permanente. Lo que debió ser un acto de estricta justicia laboral y transparencia administrativa terminó transformándose en una preocupante muestra de discrecionalidad política. La sesión dejó en evidencia cómo el oficialismo, bajo el ropaje del "consenso social", es capaz de relativizar las leyes vigentes para validar situaciones que no encuadran en los marcos legales institucionales.
El debate central se encendió cuando la oposición detectó que no todos los trabajadores incluidos en el listado cumplían con los requisitos mínimos de antigüedad que exige el Estatuto del Empleado Municipal. Frente a la advertencia de que se estaba violando la norma, la respuesta del presidente del Concejo Deliberante (y referente local de Juntos Somos Río Negro), Agustín Guasco, fue tan sincera como alarmante: "Obviamente hay un ítem que habla del estatuto, de que no se cumple con el estatuto. Sí, es cierto". Con esa frase, el jefe del cuerpo legislativo naturalizó la excepción. ¿Para qué se escribe un estatuto si la máxima autoridad del Concejo considera aceptable salirse de él cuando la conveniencia política lo requiere?
La información bajo llave y el rol de los concejales
La falta de transparencia fue el otro eje que cruzó la sesión. Tanto la concejal Rosa Monsalve como el edil Efraín Ranea exigieron acceso real y minucioso a los legajos antes de verse obligados a levantar la mano. La crítica no fue aislada; el gremio UPCN también elevó una nota formal al cuerpo legislativo manifestando sus inquietudes y reclamando mayor claridad en los criterios de selección.
"Viene cerrado, viene con un listado y solamente tenemos que levantar la mano", reclamó con dureza *Monsalve, describiendo una dinámica que parece perpetuar al Concejo Deliberante como una mera escribanía del Poder Ejecutivo. El manejo de la información en el municipio sigue siendo un coto cerrado. La Junta de Calificación y Disciplina —donde se cocinaron los nombres— parece funcionar con una lógica de superioridad jurídica que no posee. Ninguna junta es suprema al Concejo Deliberante; es en el recinto donde los representantes del pueblo deben recibir toda la documentación para debatir, analizar y decidir. El tratamiento no puede darse por cerrado de antemano.
El peligro del precedente
Gobernar por fuera de la norma siempre es un terreno resbaladizo. Si hoy el oficialismo se permite violar el Estatuto Municipal en pos de una "responsabilidad social" mal entendida, mañana cualquier junta electoral o comisión administrativa podría arrogarse el derecho de hacer excepciones a la Carta Orgánica. El avasallamiento de los reglamentos debilita los cimientos democráticos de la localidad.
En medio de este escenario de conveniencias, la única actitud que preservó el rol político e institucional fue la del concejal Lucas Castillo. Castillo, quien por antigüedad figuraba legalmente en condiciones de pasar a planta permanente, renunció explícitamente a esa posibilidad por considerarlo inapropiado debido a la banca que ocupa actualmente. El edil estuvo ausente en la jornada, pero su renuncia funcionó como un espejo incómodo para el resto del cuerpo.
Tras el rechazo de la moción de la oposición para excluir el legajo que no cumplía con los años de servicio exigidos, el proyecto general fue aprobado. Los pases a planta tendrán un carácter provisorio por el lapso de un año, quedando supeditados a una evaluación definitiva por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos. La ordenanza ya es un hecho, pero el peligroso antecedente de legislar ignorando las leyes escritas quedó flotando en el aire de El Bolsón.
