Ver detalles de las posturas en el recinto
• Rosa Monsalve: Exigió que se comparta la información de los legajos y mocionó excluir el caso sin antigüedad.
• Agustín Guasco: Reconoció que el legajo observado no cumple el estatuto, pero defendió la excepción por "responsabilidad social".
• Lucas Castillo: Excluido del beneficio final tras su renuncia por razones incompatibles con su cargo electivo.
El Concejo Deliberante aprobó la incorporación de 37 trabajadores municipales a la planta permanente. La sesión dejó al descubierto las profundas diferencias entre los bloques sobre el cumplimiento del estatuto, la transparencia en la revisión de legajos y el uso político de los ingresos al Estado.
En un clima de alta tensión parlamentaria, el cuerpo legislativo de El Bolsón convalidó el proyecto de ordenanza que estabiliza a una treintena de agentes comunales. Si bien la votación final resultó unánime para el esquema general, el debate previo expuso fuertes cruces por las excepciones aplicadas a los requisitos de antigüedad y la falta de información denunciada por la oposición.
El reclamo por la información y la excepción del estatuto
El punto más crítico de la jornada se centró en el legajo 1964. Monsalve presentó una moción formal para extraer dicho caso del listado general, argumentando que no cumplía con los años de antigüedad estipulados por la normativa vigente para el pase a planta.
Ante esta objeción, las declaraciones del presidente del Concejo, Agustín Guasco, encendieron las alarmas sobre la vulneración del andamiaje legal del municipio. Guasco admitió la irregularidad respecto a los plazos, pero justificó la medida bajo el paraguas de un supuesto acuerdo en la Junta de Calificación y Disciplina. “Hay un ítem que habla del estatuto, de que no se cumple con el estatuto. Sí, es cierto. Pero también en ese consenso de la Junta de Disciplina se trabajó con criterio y con responsabilidad social”, argumentó el presidente del cuerpo.
Esta postura instala un precedente complejo: la naturalización de salirse del estatuto municipal mediante "excepciones consensuadas". Si las normativas diseñadas para ordenar el empleo público se diluyen ante acuerdos políticos sectoriales, se corre el riesgo latente de que los órganos de control se atribuyan facultades supremas que no poseen, cerrando el debate de cara a la sociedad.
La renuncia de Castillo
Otro de los hechos políticos destacados de la jornada fue la situación de Lucas Castillo. El concejal figuraba originalmente en la nómina para recibir la estabilidad laboral en el Estado, pero decidió declinar el beneficio debido a su actual rol político, una postura que generó interpretaciones cruzadas en el recinto.
La concejal Sofía Serof destacó la determinación de su par ausente, señalando que Castillo optó por "renunciar a su lugar por una cuestión de valores y por sentirse más cómodo".
Finalmente, el concejal Carlos Pérez adelantó su voto afirmativo rescatando "el valor del diálogo", mientras que las representaciones gremiales de ATE y UPCN defendieron la rigurosidad del proceso en lo que respecta a la evaluación de la idoneidad y el fin de la precarización para quienes llevaban años bajo la modalidad de planes sociales.
Tras el rechazo de la moción de Monsalve por cinco votos contra uno, el proyecto de pases a planta fue aprobado por unanimidad en su votación general. La medida establece un periodo de provisionalidad de un año antes de otorgar la estabilidad definitiva a los agentes incorporados.
