Ley 27.801: Los alcances y el debate edilicio en Río Negro
"Lo que dice la ley nacional es que el joven o el adolescente que comete un delito grave no va a ir a la cárcel; esto es importante decirlo porque de alguna manera lo que se nos transmitió comunicacionalmente es que el que comete un delito va preso, y en realidad estamos hablando de menores que según la ley no deberían ir a cárceles comunes."
Baja de imputabilidad a 14 años: Río Negro define cómo aplicar la ley nacional
La normativa que fija la edad penal juvenil en 14 años ya rige en todo el país. Mientras la Legislatura retoma un proyecto del STJ para adaptar el sistema a la provincia, se abre el debate sobre la infraestructura disponible para alojar a los menores sin enviarlos a cárceles comunes.
Río Negro se encuentra ante el desafío operativo de instrumentar la Ley 27.801, que reduce la edad mínima de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La norma, vigente desde el 5 de septiembre, establece sanciones privativas de la libertad únicamente ante delitos graves, con un tope de 15 años de prisión y la prohibición explícita de compartir espacios de encierro con adultos.
En Viedma, el debate se trasladó al ámbito legislativo y judicial. La provincia cuenta con antecedentes de proyectos para regular la responsabilidad penal juvenil, puntualmente una iniciativa elevada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) redactada por Liliana Piccinini en 2018, que hoy vuelve a discutirse junto a aportes del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia (CONIAR) y organizaciones de la sociedad civil.
Delitos graves y penas alternativas
El marco regulatorio nacional contempla que los adolescentes de 14 a 17 años enfrenten penas de prisión efectiva solo ante hechos de extrema gravedad, fijando medidas no privativas —como amonestaciones, monitoreo electrónico o tareas comunitarias— para ilícitos menores. Además, veda la prisión perpetua y protege la identidad de los involucrados.
La legisladora Maricel Céboli explicó el trabajo que se lleva adelante para ajustar el régimen a la situación provincial: "Lo que dice la ley nacional es que el joven o el adolescente que comete un delito grave no va a ir a la cárcel; esto es importante decirlo porque de alguna manera lo que se nos transmitió comunicacionalmente es que el que comete un delito va preso, y en realidad estamos hablando de menores que según la ley no deberían ir a cárceles comunes".
Céboli remarcó la exigencia de infraestructura específica: "Deberían estar en un espacio específico, por lo tanto deberían de tener un equipo de trabajo que acompañe el proceso de desarrollo y crecimiento".
Estadísticas y estructura en debate
La demanda real sobre el fuero penal juvenil rionegrino muestra números acotados en comparación con los grandes centros urbanos: según registros judiciales, los ingresos de menores en conflicto con la ley fueron 30 en 2021, 42 en 2022, 38 en 2023, 55 en 2024 y 39 en 2025, con apenas un caso con condena firme registrado.
La discusión inmediata se centra en la capacidad de dispositivos como el Hogar Pagano en la capital provincial y en definir si Río Negro adecuará su normativa a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la próxima sesión legislativa.
Fuente: Basado en el informe de Canal 10 Río Negro.
