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El escándalo que sacudió al sistema de salud del Alto Valle cerró su capítulo penal más esperado de una manera que dejó sabor a poco en muchos pasillos hospitalarios. Después de ocho meses desde que una investigación periodística destapara la maniobra, Mariela Marzano se sentó frente a la Justicia Federal, reconoció formalmente que nunca fue médica y aceptó una condena de tres años de prisión condicional.
La confesión que evitó el banquillo y la cárcel efectiva
Acompañada por su abogado defensor Óscar Pineda, Marzano firmó un acuerdo de juicio abreviado que ahora espera la homologación formal del juez Greca. Al admitir de plano todas las acusaciones sin posibilidad de apelar, logró esquivar el juicio oral y asegurarse la libertad ambulatoria.
La clave técnica para que no terminara tras las rejas fue el encuadre bajo la figura de "concurso ideal": la justicia entendió que a partir de un único hecho madre —la falsificación documental— se desprendieron todos los demás ilícitos. Durante los próximos tres años tendrá prohibido acercarse a cualquier actividad vinculada con la salud.
- Ejercicio ilegal de la medicina de forma sostenida.
- Usurpación de título y honores (2 hechos con documentos nacionales).
- Falsificación ideológica de instrumento público provincial (2 hechos).
- Defraudación al Estado provincial y a entidades privadas.
- Títulos fraguados: Universidad de los Andes y certificado de la UNCo.
Seis años infiltrada en terapia intensiva y un botín millonario
El ingreso de Marzano al circuito médico se vio facilitado por el caos administrativo de la pandemia, cuando la urgencia por conseguir profesionales relajó los controles. Con un diploma apócrifo de la Universidad de los Andes, logró atender en hospitales públicos de Río Negro, en el Sanatorio Juan XXIII y en la Clínica Roca.
Su caída recién se produjo cuando intentó cursar una especialización en terapia intensiva presentando un certificado falso de la Universidad Nacional del Comahue, lo que derivó la causa al fuero federal. Según trascendió en el análisis de la audiencia de Canal 10, se desempeñaba en guardias de terapia intensiva donde las decisiones se tomaban en equipo, lo que le permitió camuflar sus limitaciones técnicas sin realizar cirugías de forma independiente.
En el plano provincial habían circulado denuncias previas que buscaban vincular su accionar con el fallecimiento de pacientes, pero esas actuaciones terminaron archivadas al no comprobarse relación directa. Esto allanó el camino para que la imputada resolviera su situación exclusivamente por la vía de la estafa documental y el ejercicio ilegal.
Además de las pautas de conducta y la inhabilitación absoluta para trabajar en el ámbito sanitario durante el plazo de la condena, el acuerdo incluye una particular reparación económica: trascendió que Marzano deberá costear la compra de uno o más drones destinados a Gendarmería Nacional, mientras que los 96 millones de pesos que percibió en sueldos durante seis años solo podrán ser reclamados si el Estado y las clínicas inician demandas por otra vía judicial.
