La realidad distópica de los aviones estatales y la responsabilidad pública
“Con lo que se saque por la venta del avión se podrían comprar decenas de patrulleros o ambulancias, que hacen muchísima falta” Juan Martin Legislador PRO Rio Negro.
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En la era de la información, la transparencia en la gestión pública es más vital que nunca. Los ciudadanos merecen conocer los detalles de cada gasto, especialmente cuando se trata de inversiones millonarias con fondos estatales. En este contexto, el reciente caso del avión Cessna adquirido por la provincia de Río Negro bajo el gobierno de Arabela Carreras para fines sanitarios, y que ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad en la toma de decisiones y el uso de recursos públicos.
La aeronave, comprada por más de 4.2 millones de dólares a principios de 2022, lleva 50 días inactivo en el hangar de Viedma, mientras los traslados sanitarios se realizan a través de servicios privados contratados. La falta de información oficial sobre las razones de esta inactividad y la posterior aplicación de sanciones a exfuncionarios, visibilizado por el pedido del legislador del PRO Juan Martín, por irregularidades en el proceso de compra generan interrogantes sobre la gestión pública y el manejo adecuado de los recursos del Estado.
La compra del avión ha estado rodeada de controversias desde sus inicios, incluyendo denuncias penales y auditorías que revelaron falencias en los procedimientos administrativos. El Tribunal de Cuentas de Río Negro sancionó a tres exfuncionarios con multas que sumaron un millón y medio de pesos, señalando irregularidades en el proceso licitatorio de la adquisición. Esta sanción, aunque es un paso en la dirección correcta, plantea preguntas más profundas sobre la responsabilidad de quienes toman decisiones en nombre de la ciudadanía.
La falta de evaluación fundada y razonada de los valores de mercado del avión adquirido resalta una preocupante negligencia en la gestión de recursos públicos. La auditoría técnica del Tribunal de Cuentas cuestiona la determinación del costo técnico estimado y subraya la ausencia de criterios documentados. ¿Cómo es posible que una inversión de esta magnitud carezca de una evaluación fundamentada?
"Ese avión es un monumento a la inoperancia, la desidia y quizás alguna otra cosa que la Justicia deberá determinar”, señaló el presidente de la bancada Juan Martin, recordando que desde el bloque PRO-Unión Republicana se presentó un pedido de informes que hasta el momento no obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo. “Para colmo, ahora nos enteramos por los diarios de que la gestión anterior dejó cuotas sin pagar”, añadió.
El avión, destinado originalmente a servicios sanitarios, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos desde diversos sectores. La falta de conclusiones por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, casi dos años después de la operación, plantea la necesidad de una revisión más profunda y rápida de los hechos.
Este caso, aunque localizado en Río Negro, refleja un problema más amplio en la gestión pública. La obsesión por el uso de los recursos estatales y la falta de límites en la toma de decisiones pueden resultar en inversiones millonarias sin un beneficio claro para la ciudadanía. La compra de este avión debenido en poder ser vendido como chatarra después de apenas dos años es una señal alarmante de la falta de responsabilidad en la administración de fondos públicos.
