Controversia en El Bolsón: Municipio y Legislador Discrepan Sobre la Ley de Radares en Río Negro
En las últimas semanas, se ha generado una notable controversia en torno a la aplicación de la Ley 5726 en la localidad de El Bolsón, particularmente en relación con el funcionamiento de los radares de control de velocidad. Esta disputa pone de manifiesto las diferencias de interpretación entre el Municipio de El Bolsón, representado por la Dra. Cristina Serantes, secretaria Legal y Técnica, y el legislador provincial Javier Acevedo, impulsor de la mencionada ley.
(canal 36)
(canal 36)
El Municipio de El Bolsón y su Posición Legal
En una reciente conferencia de prensa, la Dra. Cristina Serantes defendió la vigencia y legalidad de los radares en El Bolsón, argumentando que estos fueron debidamente autorizados por la Agencia de Seguridad Vial de Nación tras el cumplimiento de rigurosos procedimientos y requisitos técnicos. Según Serantes, la nueva ley provincial, aunque con objetivos que podrían ser loables, no afecta a los radares en su jurisdicción local. En sus palabras, "la ley que recientemente sacó la legislatura provincial... no tiene injerencia sobre la jurisdicción en cuanto a tránsito que tiene localmente nuestra municipalidad".
La funcionaria subrayó que los radares en El Bolsón, así como los de otras localidades como Bariloche y Dina Huapi, cumplen con todas las normativas exigidas por la autoridad nacional, lo que les otorga una sólida base legal. Además, argumentó que la anulación de multas generadas por estos dispositivos solo sería procedente si hubiera un defecto legal, lo cual no es el caso en su jurisdicción.
El Legislador Javier Acevedo y la Interpretación Provincial
Por su parte, el legislador Javier Acevedo expresó su preocupación ante la postura adoptada por algunos municipios, incluido El Bolsón. Durante una intervención en el programa "Con Voz y Voto" de Canal 36, Acevedo criticó la interpretación del municipio, señalando que la Ley 5726 es clara y aplicable a todos los radares instalados en rutas provinciales y nacionales dentro de Río Negro, independientemente de si fueron autorizados por la Agencia Nacional o la Provincial de Seguridad Vial.
Acevedo leyó varios artículos de la ley para reforzar su argumento, subrayando que "todos estos radares tienen que esperar 90 días que la Agencia Provincial de Seguridad Vial vuelva a regularizar todo". Según el legislador, la ley establece un procedimiento único para la autorización de radares en todo el territorio provincial, lo que implica que los municipios deben acatar la normativa y suspender temporalmente la operación de sus dispositivos hasta que se completen las adecuaciones correspondientes.
El Conflicto Jurídico y la Posible Resolución
El desacuerdo entre las dos partes no es meramente técnico, sino que también tiene implicaciones legales y administrativas significativas. Acevedo advirtió que la negativa a cumplir con la ley podría llevar a sanciones legales, incluyendo denuncias por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. A su vez, el legislador recordó que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia ya se ha pronunciado en un fallo anterior, que refuerza la competencia provincial en estas materias, sugiriendo que los municipios no pueden actuar de manera autónoma en contravención de las leyes provinciales.
En este contexto, la posición del Municipio de El Bolsón parece estar en un terreno delicado, enfrentando un posible conflicto de jurisdicción que podría resolverse en los tribunales si ambas partes mantienen sus posiciones.
