La Ley Nicolás llegó con fuerza al Congreso y ya tiene media sanción: apunta a endurecer las penas para quienes provocan accidentes de tránsito graves, especialmente bajo condiciones agravantes como alcohol al volante, exceso de velocidad o fuga. No solo sube los años de cárcel, también amplía la inhabilitación para conducir, buscando reducir la impunidad y dar una respuesta más firme a las víctimas y familias.
3 claves rápidas
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Suben las penas a 8-12 años
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Alcohol y fuga agravan la condena
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Más inhabilitaciones para manejar
Introducción
En las últimas semanas, la llamada Ley Nicolás copó el debate en el Senado. El proyecto plantea modificar el Código Penal para elevar las condenas en casos de homicidios y lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito cuando hay agravantes claros, un viejo reclamo de familiares de víctimas y organizaciones de seguridad vial. Con votación unánime en la Cámara alta, solo falta que Diputados la conviertan en ley efectiva. ¿El eje? Dejar de ver los siniestros fatales como “accidentes” y castigar con más fuerza cuando hay negligencia severa o irresponsabilidad al volante.
Lo principal de la Ley Nicolás
El corazón de la ley está en la reforma a los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal:
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La pena para homicidios viales agravados sube de 3-6 a 4-8 años de prisión, con posible condena de hasta 12 años en casos de varias agravantes (como mayor exceso de velocidad, consumo de alcohol o drogas, huida o uso del teléfono móvil mientras se maneja).
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Se duplica el tiempo de inhabilitación para conducir. Por ejemplo, un condenado podría estar 8 a 24 años sin sacar carnet si su caso es muy grave
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Incluye nuevas agravantes: consumo de medicamentos que alteran la conducción, alcoholemia por encima de cero, velocidad mayor al 30% del límite permitido, falta de habilitación, uso del celular, o cruzar un paso ferroviario sin autorización.t
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Si hay tres o más agravantes juntas, la condena puede ir de 5 a 12 años de prisión en homicidios, y de 3 a 6 si causa lesiones graves, sumando inhabilitación especial.t
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Opiniones y debate
En el recinto, la mayoría de senadores coincidió en que la ley viene a saldar una deuda histórica y ataca la sensación de impunidad. “Esta modificación busca una justicia real para las víctimas, sus familias y la sociedad”, señaló la senadora Victoria Huala, una de sus impulsoras. Especialistas y familiares valoran que se dejen de lado ambigüedades legales (como el famoso “dolo eventual”) y que los jueces tengan un margen más amplio para graduar las penas según cada caso concreto
La reforma no solo endurece la respuesta penal sino que apunta a cambiar hábitos y reforzar el mensaje: manejar de forma imprudente ya no será un simple “accidente” sino una falta severa con consecuencias judiciales reales. El desafío ahora será que Diputados conviertan este impulso en ley efectiva y que la Justicia la aplique de forma pareja
