En su exposición, Santagati informó que la Defensoría procesó 5.216 gestiones con un 95% de eficacia, destacando el uso de canales digitales y WhatsApp. El área de Salud Pública encabezó los reclamos, principalmente por demoras en medicamentos y falta de insumos, situación que atribuyó a restricciones presupuestarias. Sobre IPROSS, la cobertura real de medicamentos cayó al 9-11%, lejos del 50% que exige la ley.
Respecto a Salud Mental, Santagati subrayó que de 461 internaciones, 414 fueron involuntarias y 120 afectaron a menores, muchos por episodios autolesivos. Servicios públicos, aumentos abruptos y errores de facturación también fueron destacados. El organismo pidió “una revisión del esquema tarifario y la implementación de un sendero gradual” considerando la realidad patagónica.
La titular de la Defensoría participó en audiencias por proyectos mineros y recomendó mayor transparencia. Resaltó problemas de infraestructura escolar y el avance institucional en modernización administrativa. “El desafío —señaló Santagati— es avanzar sin retrocesos en derechos fundamentales, incluso en contextos económicos complejos, y fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad”. Finalizó enfatizando que "las puertas de la Defensoría siempre están abiertas" para el trabajo interinstitucional.
El vicegobernador Pedro Pesatti celebró el informe y destacó la utilización de la palabra “compasión”: “Recuperar el concepto de la compasión cristiana es lo que le está faltando a nuestra comunidad”.
