Este miércoles el Concejo Deliberante de El Bolsón tratará la creación de la nueva Agencia de Turismo El Bolsón, un ente autárquico público‑privado pensado para planificar, gestionar y promocionar el destino, en línea con esquemas similares de Las Grutas o Bariloche. La sola creación del organismo ya es una señal de que el modelo actual de gestión turística quedó corto, pero al mismo tiempo abre una pulseada silenciosa por quién tendrá realmente el timón: el municipio o los privados del sector turístico.
En este punto aparece también un cuestionamiento fuerte al “timing” político de la ordenanza: mientras localidades vecinas como El Hoyo o Lago Puelo están de lleno en el lanzamiento de temporada, El Bolsón elige debatir en el Concejo la creación de un EMPROTUR en plena segunda semana de diciembre, cuando los privados están abocados a abrir, contratar y tratar de revertir un año flojo. Desde el sector advierten que un cambio de esta magnitud debería trabajarse entre marzo y mayo, con la actividad más baja, tiempo para sentarse a planificar y proyectar un año completo, y no a las corridas, al mismo tiempo que se disuelve el Consejo de Turismo y se produce un reacomodamiento de funcionarios: Nicolás Dischenky deja la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte para pasar a un rol de coordinación en el Ejecutivo, Sofía Seroff salta al Concejo Deliberante y Adriana Del Agua quedaría al frente del nuevo esquema, en un enroque que, temen, genere un bache de gestión justo cuando la temporada depende más de las bondades del destino y de la apertura de Amprale que de una política turística municipal consistente.
Desde el sector privado hay una idea fuerza clara: “sí al ente, pero con reglas serias y sin colonización política”. Plantean que el organismo sea realmente autárquico, con caja separada de Hacienda Municipal, pero además con un sistema de contralor explícito en la ordenanza, algo que hoy el borrador no detalla. El otro punto clave es la figura del director ejecutivo: piden que se cubra por concurso público, con criterios de capacidad e idoneidad, y no por designación política, mientras el anteproyecto deja abierta la puerta a que el Ejecutivo designe a dedo esa conducción.
Hay también una discusión fuerte sobre plata y calidad de gestión. El proyecto ata el salario del profesional que conduzca el ente al esquema de categorías municipales, topeando el sueldo al nivel de un secretario o subsecretario, alrededor de 1.600.000 pesos. Desde los privados leen eso como una “vara baja”: entienden que ningún profesional de alto nivel, actualizado en herramientas y tecnologías del turismo, va a hacerse cargo de un ente estratégico por ese monto, y reclaman pagar lo que haga falta y después evaluar resultados a un año.
Otra línea roja para los privados es qué hace y qué no hace el ente. Quieren que la Agencia sea exclusivamente de promoción de destino y desarrollo turístico, mientras que toda la parte de fiscalización, habilitaciones y control de informantes quede bajo el Poder Ejecutivo, como hoy. El miedo es que, si se mezclan promoción y control dentro del mismo organismo mixto, se cargue a los privados con tareas de policía que no les corresponden y que además erosionan la lógica de construcción compartida.
Ahí aparece otro foco de tensión: la representación. El proyecto fija un directorio de seis miembros con mayoría estatal (dos representantes del Ejecutivo con cargos de presidente y vice, más un representante del bloque mayoritario del Concejo) y minoría de privados (sector turístico, comercio y agencias). El presidente, además, tiene doble voto en caso de empate y es designado por el Ejecutivo, lo que en los hechos consolida una mayoría automática del Estado dentro de un ente que se presenta como mixto.
Los privados señalan que, con esa arquitectura, no hay verdadera “co‑construcción” sino riesgo de imposición: el Ejecutivo no solo define presidente y vice, sino que también se reserva, en un párrafo casi lateral, la facultad de contratar al director ejecutivo, otra vez sin obligación de concurso. Piden, como mínimo, dos alternativas: o mayoría de privados en el directorio, o paridad estricta y que, ante un empate, se “ponga el pie sobre la pelota” y se busque consenso, en vez de resolver por doble voto del presidente.
Otro punto sensible es quién se sienta en la mesa. En el paso del Consejo de Turismo a la nueva Agencia, algunas instituciones privadas que participaban quedan afuera del directorio propuesto, lo que alimenta la sensación de que se concentra la voz del sector en pocas sillas. Desde los privados señalan que, si el ente va a manejar un fondo propio de promoción, recursos de multas, aportes provinciales y nacionales, y canon de licitaciones turísticas, entonces la representación tiene que ser amplia y con responsabilidades claras, no solo decorativa.
En paralelo, sobrevuela un dato político: se habla de que la primera gestión podría quedar en manos de Adriana Del Agua, hoy jefa de Gabinete, que cambiaría de rol a partir del 10 de diciembre.
El borrador de ordenanza, además, concentra varias llaves en el Ejecutivo: define presidente y vice, fija sus remuneraciones al rango de secretario y subsecretario, y habilita que, mientras no haya director ejecutivo, el propio presidente asuma ese rol de hecho. Para los privados, si no se incorpora al texto la obligación de un plan de acción anual, con metas, presupuesto asociado y continuidad más allá de los nombres, el riesgo es que el ente termine siendo una “supersecretaría de turismo” con más caja, pero con la misma lógica cortoplacista.
Lo que el sector privado espera, en síntesis, es un contrato político más maduro: un ente autárquico de verdad, con presupuesto protegido, control y transparencia, conducción profesional por concurso y una mesa donde el Estado no tenga mayoría automática. Si esos puntos se corrigen en la ordenanza, el EMPROTUR versión El Bolsón puede ser la herramienta para dar el salto de calidad que el destino necesita; si no, quedará como una buena idea que nació condicionada por el miedo del municipio a soltar el control.
