A partir de este sábado entra en vigencia la Ley 27.801, que reemplaza el sistema de la dictadura. Fija penas de hasta 15 años para delitos graves y medidas alternativas al encierro en medio de fuertes alertas por la falta de infraestructura provincial.
Desde este sábado 5 de septiembre, los adolescentes a partir de los 14 años pasan a ser penalmente imputables en la Argentina. La entrada en vigencia de la Ley 27.801 pone punto final al decreto ley 22.278 —vigente desde 1980— y cumple el plazo legal de 180 días tras su promulgación en marzo.
El nuevo marco legal abarca a la franja de 14 a 17 años y divide las respuestas judiciales según la gravedad del delito. Quienes tengan menos de 14 años siguen siendo inimputables ante la Justicia penal, aunque la ley sumó la figura de un Supervisor Judicial para monitorear su entorno socioeducativo junto a los organismos de niñez.
El esquema de sanciones y los límites a la prisión
Para hechos sin violencia física grave ni víctimas fatales con penas menores a 10 años, la normativa prioriza vías alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a víctimas, inhabilitación para conducir o concurrir a espectáculos públicos, servicios a la comunidad y tobilleras de monitoreo electrónico.
La privación de la libertad queda fijada como última instancia para delitos graves, con un tope máximo de 15 años de condena, incluso ante concurso de delitos. El texto legal prohíbe de forma taxativa que los adolescentes compartan espacios de detención con adultos y establece la responsabilidad civil directa de padres o tutores por los daños que causen sus hijos.
La letra de la ley y el vacío de recursos
En su artículo 4º, la norma define que su finalidad principal es “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Sin embargo, el arranque operativo encuentra a los tribunales y ministerios públicos de las provincias patagónicas y del resto del país sin presupuesto específico ni centros de alojamiento especializados operativos para absorber la nueva demanda penal.
La Ley 27.801 comienza a aplicarse en todos los juzgados del territorio nacional a partir de las 00:00 de este 5 de septiembre.
