El Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare culpable a C.M. por hostigar y amedrentar a una familiar vía mensajería digital. La defensa pidió su absolución y la sentencia se conocerá el 21 de octubre.Tribunales de Sarmiento: frente a frente judicial por amenazas familiares
Luciana Coppini y Matías Ayuzo: Dan por probada la intimidación por mensajes y el impacto laboral y personal en la denunciante. Piden condena.
Rosa Sánchez: Cuestiona la solidez técnica de la prueba producida durante el juicio y reclama la absolución inmediata de su defendida.
El impedimento legal que canceló la probation
La imputada, identificada bajo las iniciales C.M. de 25 años para resguardar a su entorno familiar, debió sentarse en el banquillo de los acusados de la sala número 1 de la oficina judicial de Sarmiento tras agotarse sus instancias de salida alternativa.
En 2023, la joven ya había sido beneficiada con una suspensión de juicio a prueba en un expediente por lesiones y daño. El Código Penal argentino estipula con claridad que este recurso solo puede otorgarse por segunda vez una vez transcurridos ocho años desde el vencimiento del plazo anterior, por lo que el debate oral resultó inevitable.
Beneficio previo: año 2023. Al no haberse cumplido la ventana de espera de 8 años, la causa fue directamente a debate oral.
- Declaración de la víctima y familiares
- Testimonios de la Comisaría de la Mujer
- Acreditación de impacto y angustia laboral
Mensajes cruzados y convivencia fracturada
Los hechos juzgados se remontan al 11 de marzo de 2025. De acuerdo con la acusación fiscal, la acusada recurrió a la aplicación WhatsApp para enviar mensajes intimidatorios en el medio de una disputa doméstica atravesada por severos roces de convivencia.
Durante la audiencia de debate, la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Matías Ayuzo sostuvieron que los testimonios de los familiares y las intervenciones del personal de la Comisaría de la Mujer confirmaron la versión de la víctima, quien relató cuadros de angustia persistente en sus tareas cotidianas y laborales.
Al momento de los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal requirió que se declare a C.M. autora penalmente responsable por el delito de amenazas simples. En contraposición, la defensora pública Rosa Sánchez fundamentó su pedido de absolución en presuntas inconsistencias y debilidades probatorias surgidas a lo largo de las declaraciones.
El juez penal Ariel Quiroga declaró formalmente clausurada la etapa de debate y confirmó que dará a conocer su veredicto el miércoles 21 de octubre a las 12:30.
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