La legisladora Magdalena Odarda anunció en redes sociales que presentó una denuncia penal contra la exgobernadora Arabela Carreras por firmar un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot, permitiéndole acceso total a datos sensibles sobre el agua de Río Negro. La acción se realizó, según Odarda, sin aval legislativo ni participación del organismo competente.
“Enunciamos penalmente a Arabela Carreras por entregar información estratégica sobre el agua de Río Negro a una empresa estatal de Israel”, expresó la legisladora Magdalena Odarda en sus redes sociales. El eje de la denuncia gira en torno a un acuerdo firmado durante la gestión de Carreras como gobernadora, que permitió a Mekorot —la empresa estatal de aguas de Israel— elaborar un “Plan Maestro del Agua” con acceso irrestricto a datos sobre fuentes, reservas, calidad y usos del agua en el territorio rionegrino.
Odarda remarcó la falta de transparencia en todo el proceso: “Lo más grave es que este acuerdo se hizo sin participación del Departamento Provincial de Aguas (DPA), sin intervención de la Legislatura y completamente a espaldas del pueblo de Río Negro”.
Además, la legisladora cuestionó duramente una cláusula de confidencialidad que impide incluso al propio Estado provincial conocer el destino de la información recopilada por la empresa. “Se prorrogó la jurisdicción a tribunales ingleses y bajo leyes extranjeras”, denunció, lo que, a su criterio, agrava aún más la situación.
Odarda aseguró que el convenio es “nulo y sin sustento legal”, dado que viola la Constitución Provincial. “El artículo 181 inciso 13 exige que este tipo de convenios sean aprobados por ley, lo que nunca ocurrió”, advirtió.
“El agua es un bien público y estratégico. No puede ser negociado en silencio ni cedido a empresas extranjeras sin debate ni control. Estamos hablando de soberanía hídrica”, sostuvo.
Por estos motivos, Odarda acusó a Carreras de incurrir en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, tal como establece el artículo 248 del Código Penal.
“El pueblo tiene derecho a saber qué se hizo con su agua. Y a defender lo que le pertenece”, concluyó la legisladora.
