Nueva ley busca frenar el odio en la función pública de Río Negro @legisrn

En la Legislatura de Río Negro se discute uno de los proyectos más picantes de los últimos años: una ley que busca meterle un freno a los discursos de odio entre funcionarios y empleados públicos. La movida la encabeza el vicegobernador Pedro Pesatti y la idea es sencilla pero fuerte: que ningún representante del Estado, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pueda usar su voz oficial para discriminar, estigmatizar o incitar a la violencia. Y ojo, porque si la ley avanza, Río Negro puede ponerse a la cabeza en derechos humanos a nivel nacional.

3 claves rápidas

• Duras sanciones para funcionarios

• Reparación simbólica y capacitación

• Cumplimiento de pactos internacionales

El anteproyecto, presentado por el vicegobernador Pedro Pesatti, tira una verdad incómoda sobre la mesa: “la palabra de un funcionario no es la de un ciudadano común; está investida de la autoridad del Estado y, por lo tanto, cada expresión se convierte en un acto de gobierno”. Ahí está la clave. No da lo mismo cualquier cosa que se diga desde un cargo estatal, porque se puede legitimar o estigmatizar realidades sociales y, peor, encender peleas que después terminan en hechos graves.El texto legal define discurso de odio como cualquier expresión —oral, escrita, en redes, documentos oficiales o gestos— que incite, promueva o justifique la discriminación, la hostilidad o la violencia por motivos de etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad, condición social, opinión política, entre otras causas protegidas. Incluso hay un apartado especial para quienes nieguen o relativicen crímenes de lesa humanidad y genocidios.

La ley prevé sanciones que pueden ir desde el clásico apercibimiento o una suspensión temporal, hasta la cesantía o la exoneración para los casos más picantes o reincidentes. Además, se exigen medidas de reparación simbólica, como retractaciones públicas o cursos de formación. “El discurso público debe administrarse con la misma responsabilidad con la que se administran los fondos públicos. De él depende la salud de nuestra convivencia democrática”, planteó Pesatti.

El cumplimiento y la recepción de denuncias quedarían en manos de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, que además tendrá que armar un programa de capacitación obligatorio sobre estos temas para todo el personal estatal. Se incluye un observatorio y la invitación a municipios a sumarse con normativas propias.