Mientras los funcionarios aseguran que todo “está aprobado”, los estudiantes describen pérdidas de gas, baños inundados, falta de comida y ventanas rotas. La brecha entre el papel y la experiencia diaria quedó expuesta en la reunión con Santiago Velázquez, delegado del Consejo Escolar de Bariloche.
Tres claves rápidas:
-
Jóvenes denuncian precariedad escolar
-
Autoridades responden con tecnicismos
-
La acción llega solo tras la protesta
Opinión
La escena de los alumnos de la ESRN 45 frente al delegado escolar desnuda un problema estructural: la distancia entre el discurso oficial y la realidad de las aulas.
Cuando un chico dice: “Yo en mi casa tengo baño, comida y un techo que no se me cae encima. En la escuela debería tener lo mismo”, la discusión deja de ser técnica para volverse política y ética.
Del otro lado, Velázquez repite: “Tenemos aprobadas las condiciones”. Pero los alumnos enumeran marchas, estufas que explotaron, ventanas atornilladas por ellos mismos, baños clausurados y comidas que no alcanzan. Es el choque entre el expediente administrativo y la vida cotidiana.
La pregunta es qué rol cumplen las instituciones si cada avance se logra recién después de que la comunidad escolar marcha o denuncia en los medios. El mismo funcionario lo admitió: “Espero no mandar la empresa y que vuelva con un acta de que no hay nada, porque eso se paga”. Traducción: los reclamos molestan al sistema más por el gasto que generan que por la urgencia de los problemas.
El poder de los jóvenes radica en no aceptar la indiferencia. Porque si no aparece en los medios, no aparece en la agenda oficial. Y cuando ellos lo ponen en la agenda, los arreglos “mágicamente” prometen estar listos “el lunes”.
La próxima elección encontrará a estos pibes votando por primera vez. Quizás algunos funcionarios deberían entender que la juventud que hoy cuestiona la precariedad educativa es la misma que mañana decidirá, en las urnas, quién sigue cómodo en el cargo y quién no.